Una vez más el Ejecutivo ha cumplido la promesa anunciada desde hace días que nos ha mantenido en vilo a la mayoría de los españoles. Primero, adelantada por el Presidente del Gobierno en su comparecencia en el Congreso de los Diputados, después, anunciada por la vicepresidenta del Gobierno en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros y, por fin, publicada en el B.O.E. del pasado 14 de julio, tenemos ya otra nueva entrega de la batería de reformas económicas y fiscales, que ha quedado materializada el el Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad.
Además de hablar sobre los principales aspectos que introduce la reforma, en este artículo incidiré de manera especial en la forma en que nos va a afectar a ciudadanos y empresas, así como los interrogantes que se ciernen sobre algunas figuras tributarias, y los aspectos que habrán de tener en cuenta, sobre todo los empresarios, que son quienes tienen fijadas un mayor número de obligaciones fiscales.
Debido a su extensión, el artículo ha sido fraccionado en dos partes: